El reciente fallo de la jueza Loretta Preska en los tribunales de Nueva York marca un nuevo hito de una serie de desaciertos en relación con YPF. El fallo sostiene que Argentina deberá pagar a los fondos Eton Park y Budford Capital una indemnización por la mala gestión en la estatización de la empresa. Pero para entender esta decisión -que le podría costar al país U$S 20.000 millones- es necesario hacer un poco de historia que comienza con la privatización de YPF.
La privatización fue decidida por el peronismo, en su versión “neoliberal”, en la fase de final de un proceso que comenzó en 1989 con las Leyes de reforma del Estado. Continuó con la privatización parcial en 1992 y la posterior venta del remanente de acciones en manos del Estado Nacional (20%) a la empresa REPSOL en 1998, en el tramo final del gobierno de Carlos Menem, que buscaba recursos para sostener una convertibilidad que agonizaba
En 2008, con otro gobierno peronista pero ahora en su versión “antineoliberal”, el Grupo Petersen, dueño del Banco Santa Cruz, compró el 14,9% de las acciones de YPF por U$S 2.235 millones -con un dudoso y cuestionado acuerdo- que le permitió ampliar su participación hasta el 25%, lo que se concretó en 2011 por U$S 1.304 millones. En ambos casos la compra se hizo con préstamos bancarios y de la propia Repsol y la garantía de esos préstamos fueron los dividendos de YPF. No pusieron ni un dólar.
En efecto, la distribución de dividendos entre 2008 y 2011 alcanzó los U$S6.800 millones, un monto equivalente al 80% de la generación de caja de la empresa en el mismo periodo. Dicho de otra forma, el acuerdo Petersen–Repsol, impulsado por Néstor Kirchner, utilizó el capital de trabajo de YPF para garantizar que “los expertos en mercados regulados” puedan pagar sus deudas, en una operación sin riesgo porque la distribución de dividendos estaba garantizada por la posición mayoritaria de Repsol, el acreedor. Es decir que YPF dejó de reinvertir sus ganancias para entregárselas a Petersen para pagar lo que debía por las acciones que Repsol le había vendido. Negocio redondo para ellos y ruinoso para la petrolera que poco tiempo después agonizaba y sería “nacionalizada”.
En 2012 el deterioro de YPF era evidente. La producción total -petróleo y gas- cayó 20%, las reservas eran 13% menor que en 2008. La deuda financiera pasó de U$S 1.200 millones a U$S 2.600, la caída de la productividad era alarmante, en 5 años se había duplicado el costo de extracción por barril y finalmente las importaciones de energía en 2012 alcanzaron los U$S10.000 millones con un saldo negativo de balance comercial energético U$S 3.200 millones. Cuando Cristina Kirchner terminó su gobierno la deuda de YPF era de U$S8.500 millones.
Estas importaciones marcaron otro hito negativo: además de generar un enorme hueco en las arcas del Estado, se perdió el autoabastecimiento energético que luego de ochenta años había alcanzado el gobierno de Raúl Alfonsín, un autoabastecimiento que hasta hoy no se pudo recuperar.
El fracaso de la privatización ejecutada por el peronismo 20 años antes, obligó a otro gobierno peronista a dar marcha atrás. Fue el gobierno de Cristina Kirchner quien envió al Congreso Nacional el proyecto de ley para declarar “de interés público y sujeto a expropiación” el 51% de las acciones de YPF, sancionado por Ley 26.741.
Sancionada la ley, el Gobierno intervino la empresa por decreto y empezaron los problemas. A través de los interventores, la dupla Julio De Vido–Axel Kicillof decidió suspender el giro de dividendos, lo que desencadenó el default del grupo Petersen que optó por no pagar sus deudas ya que el mismo kirchnerismo le había garantizado poder pagarlas con los dividendos que ahora dejó de distribuir. Este es uno de los argumentos de los demandantes en el juicio.
En 2014, el Gobierno envió al Congreso Nacional un convenio de “solución amigable” entre el Estado Argentino y Repsol. Ese acuerdo implicó el pago de U$S5.000 millones en títulos públicos que devengaron intereses por un monto similar al capital y ahí se desencadenó el segundo problema. El Ministro de Economía era Kicillof.
El art 7º del Estatuto de YPF establece que si se produce la compra de más del 15% del paquete accionario de la empresa, el comprador está obligado a realizar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), es decir que el Estado Argentino estaba obligado a ofrecer las mismas condiciones a todos los accionistas y no sólo a Repsol. No lo hizo.
Con este argumento en 2015, el grupo Petersen presentó una demanda en Tribunales de Nueva York contra YPF y el Estado argentino. Luego apareció el fondo Burford Capital que compró la quiebra del Grupo Petersen y así se quedó con el derecho a litigar por el 25% del paquete accionario de YPF.
Los demandantes reclaman daños totales por U$S15.900 millones. La actualización del reclamo lo ubicaría hoy en torno a los U$S20.000 millones. Bueno sería saber, con certeza, que el Grupo Petersen no tiene intereses en el fondo Burford Capital.
El gobierno de Mauricio Macri, en la defensa de la demanda, argumentó que la compra del grupo Petersen a Repsol fue fraudulenta y que la jurisdicción donde deben dirimirse el conflicto es Argentina. Ambos argumentos, por ahora, habrían sido desestimados por el Tribunal a raíz de un acuerdo alcanzado entre dicho fondo y el actual gobierno del kirchnerismo.
En síntesis, el problema no estuvo en la decisión de política energética estratégica por la cual el control de YPF debe ser del Estado Nacional, el problema radica en el modo poco claro y transparente en que se llevó adelante esa decisión.
La posición de la Unión Cívica Radical
Luego de este pormenorizado repaso de los hechos, quisiera destacar la conducta del radicalismo. Primero, la UCR rechazó la privatización de YPF y de Gas del Estado. El radicalismo se opuso y alertó sistemáticamente a la política energética suicida y facilista que los gobiernos de los Kirchner han ejecutado en 20 de los últimos 23 años y que explica la perdida de los “superávits gemelos”. Los subsidios a la energía consumieron el superávit fiscal y las importaciones de energía dieron vuelta un superávit comercial de U$S 6.000 millones en 2005 a un déficit de U$S 6.900 millones en 2013.
El radicalismo alertó sobre la falta de transparencia en el ingreso de Grupo Petersen y la pésima gestión de YPF con sucesivos pedidos de informes tanto en Diputados como Senadores. Los legisladores del radicalismo votamos casi en soledad en contra del convenio con Repsol y alertamos que generaría pérdidas multimillonarias al Estado argentino, ya que no sólo incumplía el estatuto de YPF sino también con las normas de la Bolsa de Comercio de Nueva York.
En síntesis, en los últimos 30 años de historia, fue el radicalismo el que se opuso al facilismo energético que llevó adelante el peronismo en sus diferentes versiones, que primero privatizó y después expropió y “nacionalizó” YPF, con una dudosa gestión que no sólo le podría costar al país U$S 20.000 millones, sino que dilapidó el autoabastecimiento que hasta ahora no hemos podido recuperar.
